El Consell de l’Audiovisual de la Comunidad Valenciana ha hecho público un acuerdo por el cual manifiesta su «indignación» y su rechazo por el tratamiento informativo de la violencia machista «a todos los efectos, en numerosos medios», en relación al último caso de feminicidio en la ciudad de València, conocido el pasado 4 de diciembre de 2021.
Según el acuerdo del Consejo Audiovisual, este feminicidio evidencia que todavía persiste «una falta de rigor profesional» en el tratamiento de la violencia machista, «inconcebible por el hecho que, al alcance de la profesión, hay numerosos recursos, la mayoría gratuitos, para la formación y la especialización en el tratamiento de esta violencia».
Lo consideran «más inconcebible si ninguno por el hecho que un tratamiento diligente y responsable de esta problemática no es solo una cuestión de sensibilidad o de ética, sino también una obligación legal»; tal como recuerdan, esto ya se señaló en el último comunicado del *CACV con motivo del 25N, Día Internacional para la Erradicación de la Violencia Machista.
En el acuerdo, el CACV considera «de especial gravedad y relevancia» aquellos tratamientos que «contribuyen a reforzar los mitos y estereotipos sobre la violencia machista», entre los cuales hay «la falsa idea de la existencia de un perfil de *victimari más allá del hecho de ser hombre y ejercer dominación y control sobre la mujer en función de creencias y de una cultura patriarcal reforzada estructuralmente durante siglos. Y, también, el reforzamiento de la idea falsa de la existencia de un perfil de víctima, más allá del hecho de ser mujer».
Cómo señala el Consejo Audiovisual en el acuerdo, «estos mitos y estereotipos se ven reforzados en los medios de comunicación con la exhibición de sorpresa sobre el hecho que un feminicidio se pueda haber producido en uno en torno a capacidad económica alta y nivel alto de educación». E insiste en el hecho que estas muestras «se han repetido con la exhibición de testigos del vecindario y la falta de testigos expertos en violencia machista», mostrando los casos no estereotipados como excepcionales, «a pesar de que la violencia machista se produce de manera normalizada y transversal en todos los ámbitos y entornos socioeconómicos y culturales de nuestra sociedad».
Para el CACV, «no se ha mostrado la cautela suficiente en relación a las identidades de víctima y de agresor» y añade que «se ha vulnerado la protección de la identidad y, por lo tanto, de la intimidad, salvo una autorización exprés de las personas afectadas o de sus familiares».
En el acuerdo también observan que algunos medios «se han hecho eco de declaraciones que infantilizaban la víctima» y otros que «situaban en motivos económicos la causa de la violencia y apartaban del foco la causa real de todo feminicidio, la cultura patriarcal y el deseo de dominación del autor del asesinato».
El Consejo Audiovisual observa «una flagrante falta de cautela» también en cuanto a evitar el «sensacionalismo y el dramatismo», por el que hace tanto a la forma como al contenido textual y visual de las informaciones. Y pide «rigor profesional y evitar las descripciones detalladas, escabrosas o de un gran impacto que, además, puedan vulnerar derechos a la intimidad y el honor». Es el caso de la mayoría de los medios, que han mostrado imágenes del sudario de la mujer asesinada «con todo detalle y de manera repetida».
En el escrito, el CACV también advierte que se han usado imágenes de la víctima y del agresor «provenientes de las redes sociales de las personas involucradas», un uso que, según explican, «requiere legalmente la autorización de las personas a quienes pertenecen, aunque se hayan hecho públicas en sus redes sociales».
También ha advertido que numerosos medios han mostrado la fachada del domicilio donde ocurrieron los hechos, «con detalles incluso de primer plan», y esto permitía la identificación del nombre de la calle y el número del patio, «lo cual vulnera el derecho a la intimidad de las personas involucradas».
Así mismo, el CACV manifiesta haber observado «la utilización de imágenes alternativas a la del sudario, focalizadas en escenas de la acción de las fuerzas y cuerpos de seguridad o vehículos y objetos policiales», y considera que, a pesar de ser una alternativa más respetuosa con la intimidad, «contribuye a reforzar la vinculación de la violencia de género con los sucesos criminales desvinculados de la dimensión social y política tan relevante en esta clase de violencia».
Reconocimiento al tratamiento de algunos medios
El Consejo Audiovisual de la Comunidad Valenciana también ha aprovechado para reconocer y felicitar «aquellos medios que, con su rigor profesional, han hecho un esfuerzo por un tratamiento informativo que contribuya a desmontar mitos y estereotipos sobre la violencia machista, un tratamiento respetuoso con la intimidad y dignidad de la víctima, a hacer pedagogía sobre la complejidad de esta violencia, a difundir los recursos existentes y a utilizar imágenes alternativas a las sensacionalistas o a las enfocadas a la actividad policial».
Cumplimiento de la legislación
El Consejo del Audiovisual de la Comunidad Valenciana (CACV) ha adoptado este acuerdo en virtud de las funciones que tiene atribuidas por la Ley 10/2018, de 18 de mayo, de creación del CACV, entre las cuales hay las «de adoptar resoluciones de carácter vinculante dirigidas a los operadores a fin de garantizar el cumplimiento de la legislación vigente en el ámbito de sus competencias y atender las quejas formuladas por las personas usuarias de los servicios de comunicación audiovisual».
Por otro lado, la Ley 10/2018, de 18 de mayo, de creación del CACV, le reconoce al CACV la capacidad para redactar dictámenes con recomendaciones sobre el tratamiento que los servicios informativos, sin menoscabo del derecho a la información y la comunicación, tienen que llevar a cabo sobre informaciones que, por su relevancia pública, «puedan crear alarma social o atentar contra la dignidad de las personas, los derechos fundamentales y el libre desarrollo de la personalidad».
Entre sus principios y finos hay también el de velar por «la plena eficacia de los derechos de la ciudadanía en su relación con los medios audiovisuales y el cumplimiento de las obligaciones establecidas en la legislación vigente, especialmente el respecto a la pluralidad, la diversidad, la diversidad funcional, la igualdad de género (…), la no-discriminación y la igualdad de trato a las minorías, respetando los principios de transversalidad y la perspectiva de género». Y, además, «velar por los valores de tolerancia, igualdad, solidaridad y respecto a la dignidad humana en los contenidos de las emisiones audiovisuales».
