El Pleno del Consell de l’Audiovisual de la Comunidad Valenciana ha estudiado en profundidad el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual y presentará más de 90 propuestas de enmiendas a este proyecto de Ley a los Grupos Parlamentarios, la mayor parte de ellas, con el objeto de «preservar las competencias autonómicas en materia de audiovisual, proteger los intereses culturales y lingüísticos de nuestro territorio y reforzar la consideración de las radiotelevisiones autonómicas» han manifestado.
El Pleno del CACV, reunido ayer en la Casa de los Caracoles de Castelló, ha presentado un importante número de enmiendas que tienen por objeto, entre otros: aumentar la protección de las personas menores de edad, lograr el uso de lenguaje no sexista, ampliar y concretar la garantía de un equilibrio en la presencia de mujeres en los diferentes ámbitos de este sector, así como el refuerzo de medidas para erradicar el sexismo en el audiovisual, especialmente la «*hipersexualitzacio infantil y de las mujeres», y la incorporación de sanciones a los incumplimientos de las obligaciones contempladas en los principios generales de esta ley.
El CACV considera que el texto legislativo tiene que incorporar «una mirada más amplia y estratégica» y ser «plenamente consecuente» con la descentralización existente en el marco competencial del Estado y han insistido en que «no se tiene que olvidar que la Comisión Europea refuerza las competencias y el papel que tienen que asumir las autoridades independientes» en el ámbito de la prestación de los servicios audiovisuales.
El CACV ha recomendado que el proyecto de Ley General de Comunicación Audiovisual tenga en cuenta que «existe un ecosistema audiovisual arraigado en la producción local y a la diversidad cultural y lingüística», regulado por la autoridad competente de las Comunidades Autónomas.
De este modo el Consejo valenciano ha reclamado que los Consejos Audiovisuales existentes y las diversas autoridades audiovisuales autonómicas «tienen que ser partícipes de los organismos reguladores del Estado», así como también han señalado la necesidad de «poner en valor» el sistema de control de contenidos de riesgo que todos ellos han incorporado a la legislación autonómica. En este sentido, el CACV propone que en algunas decisiones de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia participan los Consejos Audiovisuales y otras autoridades audiovisuales de rango autonómico.
Diversidad cultural y lingüística
En cuanto a la diversidad cultural y lingüística consideran que para hacer efectivo el mandato constitucional en relación a proteger en la misma medida todas las lenguas oficiales, «resultan insuficientes las cuotas establecidas» porque las grandes plataformas apuestan en sus producciones por las lenguas como el valenciano-catalán, vasco o gallego. En este sentido han pedido que la financiación y programación de obra europea «tenga una atención equilibrada» en las diferentes lenguas, para evitar que el porcentaje establecido «pueda dedicarse únicamente a una de ellas o que alguna quede *menystenida en relación a las otras».
Así mismo, el CACV ha incorporado diferentes enmiendas que pueden garantizar una presencia equilibrada de hombres y mujeres en la inversión y programación de obra europea.
Igualdad de financiación para los medios públicos autonómicos
En otro orden de cosas, el CACV ha reclamado que «los medios públicos autonómicos dispongan de las mismas fuentes de ingresos y de protección, como por ejemplo los respectivos archivos audiovisuales, que el de la Radio Televisión Española, puesto que, según han explicado «en el proyecto no queda inicialmente reflejado» y el CACV ha enmendado. Una medida que consideran relevante «no solo para cumplir el mandato constitucional que dispone la protección de culturas y lenguas», sino porque «el reto de incorporar toda la ciudadanía a los nuevos hábitos de consumo audiovisual tiene que estar por encima de favorecer un medio público en detrimento otros».
Así mismo, se ha presentado una enmienda de modificación que establecería que RTVE cederá a las radiotelevisiones autonómicas el 50% de los ingresos provenientes de las aportaciones de los prestamistas del servicio de comunicación audiovisual televisivo lineal de acceso condicional, a petición y de intercambio de videos a través de plataforma.
Más contundencia a las sanciones por violencia digital
El CACV también ha destacado que la futura ley general de comunicación audiovisual «tendría que ser más contundente» a sancionar la violencia digital y, sobre todo, la que construye narraciones que alimentan l´odio, la violencia machista y las conductas sexistas y discriminatorias.
Además, según han señalado desde el CACV, la ley «tendría que prever más apoyo a iniciativas sobre alfabetización mediática que dotan la ciudadanía de herramientas para hacer frente a los nuevos entornos comunicativos y que propician el pensamiento crítico y el aprendizaje de métodos eficaces para gestionar y desactivar la desinformación, los discursos de odio y la publicidad encubierta».